La normativa contempla congelar temporalmente la tarifa eléctrica, reorganizar la estatal en tres áreas y establecer nuevas reglas para la generación, transmisión y distribución de energía.

Tegucigalpa, Honduras.– El presidente Nasry Asfura sancionó la Ley de Justicia Energética, una normativa que introduce importantes cambios en el funcionamiento del sector eléctrico hondureño y establece una nueva estructura para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La ley había sido aprobada el pasado 31 de agosto por el Congreso Nacional con 78 votos y, tras recibir la sanción presidencial, debe continuar el proceso correspondiente para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Uno de los puntos de mayor interés para los abonados es el congelamiento temporal de la tarifa de energía eléctrica por seis meses, disposición incluida en la normativa en momentos en que el costo del servicio eléctrico genera preocupación entre los consumidores.

ENEE tendrá una nueva estructura

La legislación establece una reorganización de la ENEE mediante la separación de las actividades de generación, transmisión y distribución, que estarán a cargo de tres empresas subsidiarias. La propiedad continuará en manos del Estado y la ENEE funcionará como empresa matriz.

La reforma también contempla cambios en el funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y crea el Operador del Sistema y Mercado (OSM), que asumirá funciones relacionadas con la operación y despacho de energía.

Asimismo, se establecen nuevas disposiciones para la compra de energía, licitaciones y participación de agentes privados en el mercado eléctrico. La normativa también contiene medidas relacionadas con reducción de pérdidas, deudas y beneficios para determinados usuarios de bajo consumo.

Otro de los objetivos declarados por las autoridades es generar mejores condiciones para atraer inversiones hacia las áreas de generación y transmisión, además de buscar mayor estabilidad en el sistema eléctrico nacional.

La Ley de Justicia Energética entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, según establece el propio decreto.